Hoy se cumplen 44 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el voto popular.
Los usurpadores del poder creyeron necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros.
El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un "gobierno de orden" traería las soluciones esperadas.
Las primeras medidas de la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla, ungido presidente por sus pares, no dejaron lugar a dudas sobre su carácter: establecimiento de la pena de muerte, clausura del Congreso Nacional y de todas las legislaturas provinciales y municipales, reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, allanamiento e intervención de los sindicatos, prohibición de toda actividad política y censura previa sobre todos los medios de comunicación.
Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio.
Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos, con predominio de los miembros del radicalismo y del peronismo.
El Estado, que mediante la recaudación de impuestos debe garantizar a los ciudadanos educación, salud, seguridad y justicia, se convirtió en terrorista, transformándose en un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos
La censura llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana.
Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva.
La barbarie del nuevo gobierno y su desprecio por la cultura quedaron claramente sintetizados por el almirante Massera, miembro de la Junta.
A dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito a la flamante dictadura y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Represión y plan económico iban de la mano.
Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial
Pero no todos callaron. Entre ellos, los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas a la cabeza, y sectores del movimiento obrero que entre 1976 y 1979, en la etapa más feroz de la represión, llevaron adelante más de 300 conflictos gremiales.
Tras la debacle económica del 80 y la desastrosa derrota en la Guerra de Malvinas, los militares y sus socios civiles se autoamnistiaron y estatizaron sus gigantescas deudas privadas.
Comenzaban a preparar su retiro del gobierno, lo que no incluía perder sus posiciones dominantes de poder en el campo económico y financiero.
El 10 de diciembre de 1983, la dictadura se iba dejando tras de sí las ruinas de un país arrasado. Miles de desaparecidos, familias destruidas, la industria nacional herida de muerte, las cicatrices de una guerra perdida, una deuda externa que condicionaba cualquier política de gobierno, niños desnutridos y analfabetos, una sociedad menos solidaria y más individualista. Y el eco de un discurso oficial que durante años había hecho creer que la utopía era sinónimo de estupidez.